Juzgados y ayuntamiento dan vía libre a la prostitución en el Chino

La Fiscalía, la Audiencia Provincial de Valencia y el Ayuntamiento de la ciudad han rechazado las peticiones de una coordinadora vecinal del barrio de Velluters para que se persiga, condene y acabe con el proxenetismo en el Barrio Chino. Eso supone "consolidar la prostitución en pleno centro de Valencia y dar pie a que se extienda por la zona", como aseguran los vecinos que está ocurriendo. Por eso, en las próximas semanas preparan movilizaciones exigiendo una rectificación de las administraciones públicas.

La batalla contra el proxenetismo comenzó a finales de 2006 a raíz de la detención de unas menores en el barrio.Varias asociaciones vecinales constituyeron la Plataforma Cívica Valenciana contra la Explotación Sexual y el Tráfico y Trata de Mujeres y Menores y se pusieron como meta hacer cumplir el Código Penal en esta materia, es decir, perseguir la explotación sexual y cerrar los locales donde se practica la prostitución. En la actualidad, el Barrio Chino de Valencia tienen una decena de bares, casi todos ellos en la calle Viana, donde trabajan alrededor de 400 mujeres y "algún chico".El primer paso fue dirigirse al Ayuntamiento para que hiciera inspecciones a los locales y procediera a su cierre, pero el resultado, según Trini Piquer, responsable de la Coordinadora de Ciutat Vella, fue nulo, ya que todas las intervenciones de la Policía Local concluyeron con un expediente por ruido de las televisiones y el cierre del pasillo que conectaba un bar con las habitaciones donde se ejerce la prostitución. "Ahora entran por la puerta de la calle y ya está", explica.Instrucción con anomalíasParalelamente se trasladó el caso a la Fiscalía de Valencia para que investigara la trata de blancas, para lo que se contrató a la abogada feminista Lidia Falcón, quien aseguró ayer que el barrio de Velluters es, de todos los que conoce de España, "uno de los que alberga un tráfico sexual más descarado".

La denuncia se acompañó, además, con el informe de un detective privado que contactó con prostitutas, dueños de locales y clientes y documentó formas de pago, lugares de trabajo etc. Una de las curiosidades que constan en la denuncia era el traslado de sacos de monedas en carretillas de obra, prueba, dicen, de los altos beneficios del negocio.La vía judicial, sin embargo, no prosperó. El Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia, que les obligó a poner una fianza de 4.000 euros, ordenó el registro de los locales, pero "no sacó nada en claro porque tenemos la sensación de que ya habían sido avisados", aseguró Lidia Falcón.Luego las mujeres y los supuestos proxenetas fueron trasladados a la comisaría "juntos", de manera que "cuando llamaban a un mujer a testificar el chulo les hacía así -hace el gesto de cortar la garganta- y no decían nada de lo que realmente pasaba". "Todas declararon que el negocio era cosa suya y que luego pagaban al bar las habitaciones y las consumiciones", asegura Falcón.La Fiscalía concluyó que no había delito y pidió el archivo de las diligencias, como así ocurrió. El posterior recurso a la Audiencia Provincial tampoco surtió efecto, porque "se basó en lo escrito en la investigación del juzgado".

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